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Las ONG consideran que la legislación de la UE contra la pesca ilegal es rigurosa, pero necesita aplicarse con contundencia para alcanzar su pleno potencial

El Reglamento de la UE para prevenir, desalentar y eliminar la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (INDNR) ha tenido un impacto considerable, pero debe aplicarse de forma más sólida y rigurosa a fin de garantizar que el pescado ilegal en ningún caso pueda entrar en el mercado europeo. Esta es una de las conclusiones de un análisis publicado hoy por las ONG Environmental Justice Foundation, Oceana, The Pew Charitable Trusts y WWF.

El análisis constata que el reglamento de 2010 ha resultado ser una poderosa herramienta a la hora de evitar que el pescado capturado ilegalmente entre en la UE. La aplicación de esta normativa también ha propiciado un cambio positivo en la gestión de la pesca en terceros países, de donde procede más del 60% del pescado que se consume en la UE.

Sin embargo, las organizaciones no gubernamentales han llegado a la conclusión de que algunos Estados miembros tienen que hacer más para impedir que los operadores ilegales tengan acceso al mercado de la UE. El análisis sugiere que los Estados miembros tienen que ser más sistemáticos y efectivos a la hora de verificar la documentación de capturas (certificados de captura) y los lotes (en especial los procedentes de países considerados como de alto riesgo) con el fin de cerciorarse de que el pescado ha sido capturado legalmente.

Si bien la declaración de capturas y comercio constituye un componente central de la gestión pesquera moderna, el Reglamento INDNR queda debilitado por el uso de un sistema en formato papel para documentar las importaciones de productos pesqueros. Esto impide que se pueda contrastar la información de que disponen las distintas agencias de control de fronteras de la UE.

Eszter Hidas, responsable de políticas de la UE en materia de pesca ilegal en la organización WWF, afirma que la Comisión Europea tiene que cumplir su compromiso de adoptar una base de datos electrónica de información sobre la importación de productos de la pesca en 2016 que permita evitar potenciales abusos del sistema. “Este sistema solamente podrá ser efectivo a largo plazo si la información sobre las importaciones de productos de la pesca puede compartirse en tiempo real entre los 28 Estados miembros, permitiendo con ello que las distintas autoridades contrasten y verifiquen la información y, en última instancia, adopten un enfoque coordinado a la hora de identificar y bloquear lotes sospechosos. El objetivo final, proteger las poblaciones de peces y las comunidades que dependen de ellas para su subsistencia, solamente podrá alcanzarse si los productos ilegales no tienen ninguna posibilidad de llegar a la UE”.

El análisis también concluye que todos los Estados miembros deberían imponer sanciones severas a sus ciudadanos nacionales que participen en el comercio de productos ilegales de la pesca, algo que ya exige el Reglamento, así como reformar otros actos legislativos relevantes para garantizar que los buques de la UE que faenan en aguas extracomunitarias  operen dentro del marco de la legalidad.

En palabras de María José Cornax, directora de pesca de Oceana en Europa: “este análisis muestra que países como España están trabajando para sancionar a nacionales de la UE involucrados en pesca ilegal en cualquier lugar del mundo, un enfoque que deben adoptar de modo uniforme todos los Estados miembros. Además, contar con nuevas normas estrictas que rijan las actividades de la flota de larga distancia de la UE propiciará una transición hacia una pesca más transparente y sostenible en todo el planeta”.

Steve Trent, director ejecutivo de la ONG Environmental Justice Foundation, indica que la UE también debería apoyar la adopción de medidas mundiales para garantizar unas prácticas pesqueras más transparentes y sostenibles. “La UE ha demostrado su compromiso por ayudar a elevar los estándares mundiales dentro del sector de la pesca, apoyando a muchos países a reforzar sus medidas de lucha contra la pesca ilegal y señalando con el dedo a los que no cooperan. Hacer que otros mercados clave de todo el mundo se unan a la UE en esta batalla debería constituir una prioridad absoluta de cara a los próximos años”.

Tony Long, director del proyecto “ending illegal fishing” de Pew, afirma que “en su calidad de mayor mercado mundial de productos de la pesca, la UE desempeña un papel clave en la reforma del comercio internacional de los productos de la pesca.  Esta evaluación muestra que el reglamento de la UE para combatir la pesca ilegal ha elevado el listón en materia de gestión mundial de la pesca. Apoyamos el hecho de que la Comisión y los Estados miembros sigan trabajando para alcanzar el pleno potencial que ofrece el Reglamento”.

Notas para los editores

Datos sobre las importaciones de pescado de la UE: La UE es el principal importador mundial de productos de la pesca, e importa el 60% del pescado que consume. Entre 2013 y 2013 las importaciones de la UE crecieron un 6,5% en términos de valor, alcanzando una cifra total de 20.500 millones de euros, aproximadamente un 35% y un 90% más por valor que EE.UU. y Japón, respectivamente.1

El Reglamento de la UE para prevenir, desalentar y eliminar la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (INDNR) entró en vigor el 1 de enero de 2010. Está considerada como la legislación más ambiciosa de su género que persigue el objetivo global de evitar la pesca ilegal, que pone en peligro la seguridad alimentaria mundial y la biodiversidad marina.

El Reglamento exige que todas las importaciones de productos de la pesca a la UE sean certificadas como legales a través de un régimen de certificados de captura. Además, los países extracomunitarios (terceros países) que tras su evaluación se considere que no combaten de manera efectiva la pesca ilegal podrán ser objeto de advertencias ("tarjetas" amarillas y/o rojas) y en última instancia de la prohibición de comercializar sus productos de la pesca en la UE; asimismo, la normativa exige que los Estados miembros de la UE impongan sanciones punitivas a sus ciudadanos nacionales que sean declarados culpables de participar, aunque sea indirectamente, en el comercio de productos de la pesca ilegales.

Acerca del análisis: Las organizaciones no gubernamentales utilizaron una solicitud de acceso a la información para llevar a cabo una evaluación preliminar de las actividades de los distintos países durante los primeros cuatro años de vigencia del Reglamento, sobre la base de los informes presentados por los Estados miembros para los años 2010-2011 y 2012-2013. El análisis se centra de forma particular en la aplicación de la normativa por parte de los principales seis países importadores2 (España, Alemania, Reino Unido, Países Bajos, Francia e Italia), que en 2014 representaron el 73% por valor del total de importaciones de pescado salvaje procedentes de terceros países.

Estadísticas clave del análisis

  • Los Estados miembros de la UE recibieron 1.136.704 certificados de captura (en su mayoría en formato papel, estando permitidas las fotocopias) y alrededor de 100.000 declaraciones de transformación entre 2010 y 2013.
  • Se presentaron 4.486 solicitudes de verificación a las autoridades de terceros países para determinar la legalidad de importaciones de pescado.
  • La UE ha trabajado con alrededor de 50 países para mejorar su gestión pesquera en virtud del Reglamento. Cuatro países han sido identificados como ‘no cooperantes’ y se les ha impuesto una tarjeta roja, equiparable a una prohibición comercial que cierra las puertas de la UE a sus productos pesqueros. Tres de esos países, Camboya, Guinea y Sri Lanka, siguen teniendo una tarjeta roja a día de hoy (enero de 2016), mientras que Belice fue suprimida de la lista en diciembre de 2014.3
  •  Más de 15.000 buques con pabellón de la UE han sido autorizados a pescar en aguas lejanas desde el año 2010. El análisis insta a la Comisión a asegurarse de que las reformas en curso de la normativa (Reglamento de autorización de actividades pesqueras) que rige las operaciones de esta flota de larga distancia garanticen una mayor transparencia que evite que los propios buques de la UE participen en actividades de pesca ilegal. Para más información, consulte el sitio web whofishesfar.org.

Datos sobre la pesca ilegal: Cada año se capturan ilegalmente en todo el mundo entre 11 y 26 millones de toneladas de pescado4, lo cual conlleva pérdidas anuales de entre 10.000 y 23.500 millones de USD para la economía mundial. Las estimaciones indican que las capturas mundiales de pescado INDNR corresponden a entre el 13% y el 31% de la producción total notificada de productos de la pesca. En algunas regiones esta cifra puede incluso alcanzar el 40%.

Las organizaciones Environmental Justice Foundation (EJF), Oceana, The Pew Charitable Trusts y WWF colaboran para garantizar la aplicación armonizada y efectiva del Reglamento de la UE para acabar con la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (INDNR).

 


1 Véanse las páginas 4/5 del análisis para conocer todas las fuentes

2 Eurostat. Importaciones de fuera del Espacio Económico Europeo (EEE) sujetas al Reglamento INDNR calculadas sobre la base de la metodología establecida en MRAG (2014)

3 Para un listado actualizado de todos los países afectados por este proceso, véase el sitio web http://www.iuuwatch.eu/iuu-fishing/the-iuu-regulations/iuu-history/

4 Agnew DJ et al. (2009) Estimating the Worldwide Extent of Illegal Fishing [“Estimar la magnitud mundial de la pesca ilegal”]. PLoS ONE 4(2): e4570. doi:10.1371/journal.pone.0004570